La FCA abre el plazo de solicitudes para el nuevo régimen de criptoactivos

El 30 de septiembre de 2026, la FCA abrió la recepción de solicitudes para el nuevo régimen de criptoactivos. El plazo de presentación termina el 28 de febrero de 2027, mientras que el inicio del régimen está previsto para el 25 de octubre de 2027. Estas fechas marcan etapas distintas de la preparación de las empresas.

El registro anterior no cambia de forma automática

La FCA lo indica expresamente: el registro conforme a las normas contra el lavado de dinero no se convierte en una autorización FSMA. Las empresas ya autorizadas pueden necesitar modificar sus permisos para nuevas actividades. Por eso, al revisar a un socio, hay que fijarse en el servicio concreto y en la entidad legal.

Para un PSP, se trata ante todo de una cuestión de dependencia de proveedores. Si un participante de la cadena realiza el intercambio y otro custodia los activos, la presentación general del grupo no responde por completo sobre la preparación de cada eslabón. El mapa operativo de socios debe coincidir con el flujo real de dinero, no con la lista de logotipos de la integración.

Estado de la solicitud y autorización son registros distintos

La respuesta de un proveedor «ya presentamos la solicitud» es útil, pero describe el avance del trámite. Dentro de la empresa conviene registrarla por separado de las autorizaciones confirmadas y también del lanzamiento comercial prometido. Así, ventas, compliance y desarrollo no acabarán con tres versiones del mismo estado.

Este enfoque también ayuda a preparar la solicitud propia. Primero hay que describir con precisión el producto: clientes, flujos de dinero, funciones de los contratistas y reparto de responsabilidades. Ese modelo conecta el proyecto legal con el funcionamiento diario del servicio.

Para el equipo del comercio hay otro resultado importante: un contacto claro en el proveedor que avise de cualquier cambio en la disponibilidad del servicio. La preparación regulatoria no debería descubrirse por primera vez como una suspensión inesperada de pagos o de nuevas altas.

El cierre del plazo de presentación es una referencia externa, no una fecha cómoda para empezar a trabajar. Hacen falta plazos internos para reunir información y revisar documentos. La aplicabilidad de los requisitos a una empresa concreta debe determinarse según su actividad, los materiales vigentes de la FCA y con un asesor especializado.

Qué deben revisar PSP y comercios antes del cierre del plazo

Aunque la empresa no presente una solicitud propia, el nuevo régimen puede afectarla a través de sus socios. Lista práctica:

• Elaborar una lista de proveedores que intervienen en operaciones con criptoactivos: intercambio, custodia, pagos a terceros y cobros.
• Para cada uno, indicar la entidad legal, su estado actual y la actividad que requerirá autorización.
• Pedir a los socios una confirmación por escrito de sus planes: si presentaron la solicitud, cuándo esperan la resolución y si tienen una alternativa.
• Revisar los contratos: si existe la obligación de notificar cambios de estado y el derecho a rescindir si no se obtiene la autorización.
• Identificar un proveedor alternativo para las funciones críticas y estimar el plazo de cambio.
• Designar a un responsable interno que lleve el registro de estados y lo actualice a medida que haya novedades.

Riesgos y limitaciones

El riesgo principal es dejar la preparación para los últimos meses. Reunir documentos, describir procesos y coordinarse con los contratistas lleva tiempo, y la calidad de la solicitud depende de cuánto se ajuste el modelo de negocio descrito a la realidad. Si la respuesta del regulador se retrasa o exige ajustes, la empresa debe tener un plan para el período previo al inicio del régimen.

Para los comercios, otro riesgo son los cambios inesperados en los proveedores: algunos pueden reducir los servicios para clientes británicos o modificar sus condiciones. Conviene acordar con ellos de antemano los escenarios y los plazos de aviso. Este artículo no constituye asesoramiento legal: las conclusiones concretas deben basarse en los documentos vigentes y en la opinión de especialistas.